Hacia una gobernanza más humana de las migraciones

 

La OIM, en su carácter de organismo de las Naciones Unidas especializado en migraciones, promueve que la migración tenga lugar en forma humana y ordenada, proveyendo servicios y asistencia a gobiernos y migrantes. Como parte de esta misión la OIM aboga y se involucra únicamente en aquellas iniciativas de gobernanza migratoria que representan las mejores soluciones, tanto para las personas migrantes como para sus países y comunidades de origen, tránsito, destino y retorno.

Tomando como base este principio, la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) no se involucra, ni participa, ni aboga por ningún tipo de retorno forzado, incluidas las deportaciones.

La deportación es el acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado.

Ahora bien, en el ejercicio de su soberanía, el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de las personas y a apegarse a la legalidad. En este sentido, las deportaciones, al igual que cualquier otro acto del Estado, deben siempre llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos de las personas deportadas.

Pero más allá de la legalidad de la deportación, las políticas migratorias en general -y las deportaciones, en lo particular- deben necesariamente valorar y conciliar el derecho de los Estados, con la protección de los derechos y las libertades individuales de toda persona, sin importar su condición migratoria.

Aunque dicha valoración puede resultar complicada, de ninguna manera debemos considerar que los conceptos de soberanía y de derechos humanos sean mutuamente excluyentes.

No existe una fórmula migratoria mágica o universalmente aplicable para que el Estado ejerza su facultad de retirar a un migrante de su territorio. Pero sí existen, sin embargo, formas efectivas y humanas de hacerlo.

Una buena gobernanza migratoria respeta el derecho soberano de un Estado de decidir quién puede entrar a su territorio, y la exigencia de que quienes entran a él acaten sus leyes y respeten sus costumbres; pero también vela por los derechos de las personas y toma en cuenta los principios de solidaridad y humanidad, al considerar la necesidad de migrar que tienen y han tenido muchas personas a lo largo de la historia en la  búsqueda de una vida mejor para sí mismos y sus familias; de hecho, la estrategia de reducción de la pobreza más antigua que conoce la humanidad ha sido la migración.

Una deportación indiscriminada deja de lado el segundo elemento de este escenario más humano para la migración.

Para OIM, la decisión de deportar o no a una persona debe contemplar, entre otros elementos, los estándares e instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, o la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estos elementos adicionales son, entre otros derechos y principios, el derecho al debido proceso, el derecho a la unidad familiar, el principio de “non refoulement (no devolución)”, el principio del interés superior del niño y de la niña, el arraigo de la persona en el país de destino, el historial de respeto a la ley, los aportes a las comunidades de acogida y los principios de protección humanitaria.

Además, existen muchas formas mediante las cuales los gobiernos pueden acercarse a una gobernanza más humana de las migraciones como por ejemplo descriminalizar la migración irregular, abrir procesos de regularización para los migrantes que cumplan ciertos requisitos o adoptar leyes que permitan doble nacionalidad y visas de múltiples entradas son algunas de las aproximaciones a este escenario.

También existen los programas de retorno voluntario asistido con reintegración, los cuales salvaguardan la dignidad y los derechos de los migrantes al concretar los retornos, al tiempo que vinculan el regreso de los migrantes al desarrollo de sus comunidades de origen y previenen la reincidencia de la migración irregular. Desde 1979 la OIM ha asistido el retorno voluntario de 1,3 millones de migrantes a sus países de origen.

Alcanzar una gobernanza humana de las migraciones no es solamente un imperativo ético, sino también una necesidad para el crecimiento de los países de origen y destino y un llamado urgente a que se reconozcan los múltiples beneficios de una migración ordenada y humana.

 

 

   Sobre el autor:

Marcelo Pisani es el Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. El Sr. Pisani cuenta con 18 años de experiencia en administración de proyectos, asesoría para la generación de políticas públicas, y en otras áreas vinculadas con la superación de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Anteriormente fue Jefe de Misión       de la OIM en Colombia y en Zimbabue, y trabajó en el Banco Mundial y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 


¿Por qué no es correcto hablar de “víctimas” de tráfico?

Categoria: Migración y Gestión Fronteriza
Autor: Rosilyne Borland

 

¿Por qué no es correcto hablar de “víctimas” de tráfico? Primero, definamos qué es el tráfico ilícito de migrantes:

El “tráfico ilícito de migrantes” es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material (Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional).

Entonces, el tráfico ilícito es una violación de la política migratoria de un país. Es una entrada o cruce de una frontera internacional en forma ilegal, organizado por un tercero –el traficante – por un precio. Eso significa que la víctima del delito de tráfico ilícito es, técnicamente, el Estado, no el migrante que paga por el “servicio”.

¿Significa entonces que el tráfico no causa daños a los migrantes? ¿O que los migrantes que recurren a traficantes no sufren abusos o violencia?  

Por supuesto que no. Sabemos que muchos migrantes sufren agresiones, violación, extorsión y muchos otros abusos en el contexto del tráfico. Por lo tanto, estos migrantes pueden ser víctimas de otros delitos, pero no del crimen del tráfico en sí.

¿Por qué entonces algunos actores siguen utilizando el término “víctima” de tráfico?

En ocasiones, este término es utilizado (aunque técnicamente sea incorrecto) para reconocer los altos niveles de vulnerabilidad que viven algunos de los migrantes que recurren a los traficantes, una situación que es aprovechada por las redes criminales. El hecho de que algunos migrantes sienten que no tienen otra opción más que enfrentar los riesgos y peligros potenciales de un proceso de tráfico puede estar vinculado con inequidades, falta de oportunidades, pobreza, discriminación y otros factores, los cuales en algunos casos  pueden ser reconocido como violencia estructural. Por ende, debido a la combinación de los otros delitos sufridos por algunos migrantes en el contexto del tráfico, junto con la alta vulnerabilidad que los lleva a pagar por un traficante, es que a veces se utiliza la palabra “víctima”.

Si no estamos en un contexto legal, ¿por qué no llamarles “víctimas”?  ¿Qué daño podría causar?

Es importante usar los términos correctos porque precisamente algunos migrantes son víctimas de otros delitos y necesitan asistencia. Tenemos que identificar a los migrantes en contextos de tráfico que necesitan apoyo, asistencia y protección, ya que han sufrido violación, extorsión u otro delito. Si algunos actores en la lucha contra el tráfico ilícito se refieren a todos los migrantes como “víctimas”, y otros  no reconocen la posibilidad de que algún migrante podría necesitar ayuda como víctima de un crimen conexo al tráfico, entonces ninguno de los dos grupos va a poder identificar y apoyar a quienes realmente necesitan ayuda.

Nuestro deber, nuestro reto, es reconocer la violencia y abuso que ocurre en el contexto del tráfico ilícito, así como encontrar formas de prevenirlo y responder ante este.

Más recursos sobre el tráfico ilícito de migrantes: 

 


 

   Sobre la autora:

Rosilyne Borland es la Especialista Regional Principal en Asistencia al Migrante en la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cuenta con 14 años de experiencia en el desarrollo internacional y se ha especializado en temas relacionados con los derechos humanos de las personas migrantes, con énfasis en  trata de personas y salud, y migración de retorno. Rosilyne tiene una Maestría en Desarrollo Humano Internacional de la Escuela de Servicio Internacional de la American University.