Con los sectores público y privado en desacuerdo, los tratantes salen ganando

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La fuerza laboral mundial –desde el jardinero en California hasta el banquero en Singapur–  nunca ha sido más móvil. La ambición humana, tanto la del mesero de Roma como la del diseñador de Londres, trasciende las fronteras. Todas las personas – cualificadas o no, con o sin permiso de trabajo– persiguen un objetivo idéntico: desplegar sus talentos en los mercados que mejor los retribuyan.

Un simple cálculo motiva esas travesías que comienzan con el anhelo de una vida mejor y que pueden dar paso a enormes beneficios colectivos tanto en los países de origen como de destino, siempre y cuando transcurran de manera segura y ordenada.

No obstante, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas 2018, también nos toca reconocer que, con demasiada frecuencia, los migrantes están lamentablemente expuestos a riesgos desproporcionados de explotación y abuso en su búsqueda de mejores oportunidades de empleo lejos de su hogar.

Cada año, millones de migrantes son objeto de trata dentro y a través de las fronteras, y acaban viéndose sometidos trabajos forzosos. En algunos casos, hombres y mujeres deben trabajar por coerción, padeciendo actos de violencia, amenaza o manipulación psicológica. A menudo se endeudan a raíz de condiciones de empleo o procesos de contratación injustos, al tiempo que, en su empeño por encontrar trabajo, se enfrentan a enormes presiones por parte de sus familias y comunidades, que también pueden haberse endeudado.

Existen asimismo otras formas de explotación, apenas menos perniciosas, como tener que trabajar en condiciones peligrosas, conformarse con salarios sumamente precarios, enfrentarse a deducciones encubiertas y restricciones irrazonables tanto durante las horas laborales como durante las horas no laborales. Estos abusos también afectan a los migrantes y constituyen una violación de sus derechos.

Estos tipos de abuso pueden producirse en todas las etapas de las cadenas de suministro de determinadas industrias y pueden encubrirse fácilmente entre las distintas instancias de subcontratación. Como consumidores en constante búsqueda de bienes y servicios de bajo costo, nos incumbe tener en cuenta a los trabajadores que fabrican los productos que deseamos y prestan los servicios que necesitamos. 

La trata de personas es hoy en día una realidad en todos los países y en todos los sectores económicos. Ya se trate del sector cafetero, de la moda o de la construcción, es patente que ningún lugar de trabajo o comunidad está exento de la trata de personas.

La trata de personas es tan omnipresente que solo puede combatirse mediante un enfoque global y participativo. Los consumidores en particular deben asociarse a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales locales, y trabajar conjuntamente para exigir el cumplimiento de las normas de trabajo decente. Es el deber de todos ejercer presión para que las cadenas de suministro queden libres de la trata de personas y otras formas de explotación.

Ya se observan señales de cambio: un número cada vez más elevado de empresas aplican medidas en sus cadenas de suministro, y son cada vez más numerosos los gobiernos que formulan nuevas políticas y mecanismos reguladores en favor de una mayor responsabilidad empresarial. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes y en la tarea de garantizar su acceso a los servicios de protección y asistencia que necesitan.

Cabe citar un ejemplo destacado: tan solo en 2015, el mundo tomó conciencia de los actos generalizados de abuso que sufrían los trabajadores en las zonas pesqueras del sudeste asiático. Cientos de personas trabajaban prácticamente en condiciones de esclavitud. A menudo, los gobiernos carecían de los medios necesarios para hacer respetar las normas de protección, que muchos empleadores habían aprendido a soslayar.

Ello está empezando a cambiar. Los consumidores y los grandes minoristas, conscientes de los efectos negativos de los abusos perpetrados en las cadenas de suministro, exigen ahora más transparencia. Lo mismo sucede con los gobiernos, que promulgan nuevas leyes por las que se exige una mayor responsabilización de las empresas multinacionales que comercializan pescado y mariscos.

Si bien estas tendencias positivas son alentadoras, aún queda mucho por hacer. Hoy quiero centrarme en un reto fundamental que, a mi parecer, será el próximo tema candente en el ámbito de las cadenas de suministro: la movilización del sector privado para velar por que se haga justicia a los migrantes agraviados y por que estos reciban la reparación que se merecen.

Más allá del fortalecimiento de su diligencia debida, las empresas pueden y deben responsabilizarse por los daños perpetrados contra sus trabajadores, y velar por que se tomen todas las medidas del caso para ayudar a las víctimas de la trata en su recuperación, trabajando estrechamente con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las propias víctimas. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Al estrechar los vínculos entre los sectores privado y público en el marco de los esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata, juntos podremos desempeñar la noble labor de reconstruir vidas rotas.

A principios de este año, la OIM –el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración– estableció un conjunto de directrices prácticas para que las empresas hagan frente a este desafío. En consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", las Directrices de la OIM para la reparación describen las numerosas opciones que tienen las empresas para ofrecer reparación a las víctimas de la explotación, en colaboración con agentes locales estatales y no estatales.

Dichas opciones comprenden la facilitación del acceso a los servicios y los sistemas de apoyo a las víctimas, como la atención médica o psicosocial; la reubicación de las víctimas en nuevos entornos laborales; la oferta de posibilidades de retorno voluntario a los países de origen; y la prestación de apoyo para la recuperación, la rehabilitación y la reintegración cuando sea posible. Las empresas también deben asegurarse de haber establecido circuitos de retroalimentación para poder mejorar continuamente los mecanismos de denuncia, la protección de los autores de denuncias y la prevención de nuevos daños.

Cada vez son más numerosas las empresas que se unen para hacer frente a los riesgos que encuentran en las cadenas de suministro, pero la reparación de las víctimas de la trata sigue siendo una nueva esfera de trabajo para el sector privado. Por lo tanto, debemos reforzar las medidas orientadas a garantizar que el apoyo brindado a las víctimas de la trata se convierta en un pilar fundamental de nuestra labor.

Las Directrices para la reparación del daño causado a las víctimas de la explotación en las cadenas de suministro de minerales extendidas pueden consultarse aquí (de momento solo en inglés).

 

Por William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


10 claves del Pacto Mundial sobre Migración relacionadas con el medioambiente

Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Autor Invitado

 

*Esta entrada de blog fue publicada originalmente en inglés aquí.

Tras la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes en 2016, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a desarrollar, negociar y adoptar un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM)  por primera vez en la historia. El PMM es un marco de cooperación no vinculante que articula un conjunto común de compromisos, sobre la base de 23 objetivos, para que los estados respondan a los desafíos y oportunidades de la migración internacional contemporánea y formula disposiciones para su implementación, seguimiento y revisión.

El 13 de julio de 2018, el texto final del PMM se concretó y se presentó en la Sede de las Naciones Unidas al final de la 6ª ronda de negociaciones intergubernamentales. Este texto final ofrece una serie de principios rectores, pero también articula medidas concretas para la gestión fronteriza, documentación, servicios migratorios, creación de capacidades para los Estados, protección consular, reconocimiento de habilidades, mecanismos de portabilidad y la construcción de entornos para que las personas migrantes y las diásporas sean actores del desarrollo.

El texto también contiene múltiples referencias a la migración causada por motivos ambientales, articulando una comprensión amplia y completa de los desafíos vinculados al nexo entre el medio ambiente y la migración. La mayoría de las referencias relacionadas con este tipo de migración se encuentran en el objetivo 2: “minimizar los impulsores adversos y los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen”; el cual contiene una sección dedicada específicamente al tema y titulada: "Desastres naturales, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental" (Objetivo 2, párrafos 19.h al 19.l). Además, se pueden encontrar algunas referencias importantes en el objetivo 5: “mejorar la disponibilidad y la flexibilidad de las vías para la migración regular”.

 

10 claves del PMM sobre la migración y el medioambiente:

1. El PMM identifica claramente la degradación ambiental de evolución lenta, los desastres causados por eventos naturales y los impactos del cambio climático como impulsores de la migración contemporánea.

2. El texto reconoce la causalidad múltiple de la migración, ya que los factores ambientales interactúan con los políticos, económicos y demográficos.

3. El texto articula respuestas potenciales integrales para abordar estos factores: el diseño de medidas apropiadas en los países de origen para hacer de la migración una opción más que una necesidad desesperada; preparación de desastres; reducción del riesgo de desastres, así como la respuesta a estos; y la facilitación de los movimientos de personas.

4. El PMM reconoce que las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en los países de origen deben priorizarse para minimizar los impulsores de la migración.

5. El texto también reconoce que la adaptación in situ o el retorno de los migrantes podría no ser posible en algunos casos y que el fortalecimiento de las vías de migración regular (reubicación planificada y opciones de visa) deben formar parte de las herramientas de gestión de la migración.

6. El PMM describe la necesidad de que los estados cooperen para identificar, desarrollar y fortalecer soluciones para las personas que migran en el contexto de una degradación ambiental de evolución lenta (en particular la desertificación, la degradación de la tierra y aumento del nivel del mar), así como también en los desastres de evolución lenta (sequía).

7. El PMM destaca la importancia de trabajar a nivel regional para abordar los factores ambientales de la migración.

8. El texto alienta la coherencia de las políticas al destacar que el PMM se basa en una serie de instrumentos mundiales relacionados con el cambio climático, los desastres y la gobernanza ambiental: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (CNULD), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.

9. El texto también destaca la necesidad de tener en cuenta las recomendaciones derivadas de iniciativas estatales con un enfoque en la movilidad vinculada a desastres, fuera del contexto de la ONU: la Agenda para la Protección de las Personas Desplazadas a través de Fronteras en el Contexto de Desastres y Cambio Climático, y como un seguimiento de esta: la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres; así como la Iniciativa Migrantes en Países en Crisis (MICIC).

10. El PMM reconoce la necesidad de más inversiones en evidencia, datos e investigación para abordar los desafíos de la migración causada por motivos ambientales.

La finalización del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular representa un logro emocionante e importante para la gobernanza y la gestión de la este tipo de migración, tanto ahora como en el futuro. Sin embargo, los desafíos de traducir la política global en prácticas nacionales y regionales no deben subestimarse. La migración por motivos ambientales sigue siendo un tema relativamente nuevo, con poca evaluación y evaluación de la efectividad de las prácticas existentes, especialmente aquellas experiencias que se relacionan con los compromisos más innovadores delineados en el PMM. Lo cierto es que el logro de los ambiciosos compromisos establecidos en el Pacto Mundial dependerá de una voluntad política sólida, los recursos de financiación adecuados y el desarrollo exitoso de coaliciones de actores pioneras.

 


 

Dina Ionesco

Mariam Traore Chazalnoë

División de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático de la OIM.