Con los sectores público y privado en desacuerdo, los tratantes salen ganando

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La fuerza laboral mundial –desde el jardinero en California hasta el banquero en Singapur–  nunca ha sido más móvil. La ambición humana, tanto la del mesero de Roma como la del diseñador de Londres, trasciende las fronteras. Todas las personas – cualificadas o no, con o sin permiso de trabajo– persiguen un objetivo idéntico: desplegar sus talentos en los mercados que mejor los retribuyan.

Un simple cálculo motiva esas travesías que comienzan con el anhelo de una vida mejor y que pueden dar paso a enormes beneficios colectivos tanto en los países de origen como de destino, siempre y cuando transcurran de manera segura y ordenada.

No obstante, al conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas 2018, también nos toca reconocer que, con demasiada frecuencia, los migrantes están lamentablemente expuestos a riesgos desproporcionados de explotación y abuso en su búsqueda de mejores oportunidades de empleo lejos de su hogar.

Cada año, millones de migrantes son objeto de trata dentro y a través de las fronteras, y acaban viéndose sometidos trabajos forzosos. En algunos casos, hombres y mujeres deben trabajar por coerción, padeciendo actos de violencia, amenaza o manipulación psicológica. A menudo se endeudan a raíz de condiciones de empleo o procesos de contratación injustos, al tiempo que, en su empeño por encontrar trabajo, se enfrentan a enormes presiones por parte de sus familias y comunidades, que también pueden haberse endeudado.

Existen asimismo otras formas de explotación, apenas menos perniciosas, como tener que trabajar en condiciones peligrosas, conformarse con salarios sumamente precarios, enfrentarse a deducciones encubiertas y restricciones irrazonables tanto durante las horas laborales como durante las horas no laborales. Estos abusos también afectan a los migrantes y constituyen una violación de sus derechos.

Estos tipos de abuso pueden producirse en todas las etapas de las cadenas de suministro de determinadas industrias y pueden encubrirse fácilmente entre las distintas instancias de subcontratación. Como consumidores en constante búsqueda de bienes y servicios de bajo costo, nos incumbe tener en cuenta a los trabajadores que fabrican los productos que deseamos y prestan los servicios que necesitamos. 

La trata de personas es hoy en día una realidad en todos los países y en todos los sectores económicos. Ya se trate del sector cafetero, de la moda o de la construcción, es patente que ningún lugar de trabajo o comunidad está exento de la trata de personas.

La trata de personas es tan omnipresente que solo puede combatirse mediante un enfoque global y participativo. Los consumidores en particular deben asociarse a sus gobiernos y a sus comunidades empresariales locales, y trabajar conjuntamente para exigir el cumplimiento de las normas de trabajo decente. Es el deber de todos ejercer presión para que las cadenas de suministro queden libres de la trata de personas y otras formas de explotación.

Ya se observan señales de cambio: un número cada vez más elevado de empresas aplican medidas en sus cadenas de suministro, y son cada vez más numerosos los gobiernos que formulan nuevas políticas y mecanismos reguladores en favor de una mayor responsabilidad empresarial. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en la defensa de los derechos de los migrantes y en la tarea de garantizar su acceso a los servicios de protección y asistencia que necesitan.

Cabe citar un ejemplo destacado: tan solo en 2015, el mundo tomó conciencia de los actos generalizados de abuso que sufrían los trabajadores en las zonas pesqueras del sudeste asiático. Cientos de personas trabajaban prácticamente en condiciones de esclavitud. A menudo, los gobiernos carecían de los medios necesarios para hacer respetar las normas de protección, que muchos empleadores habían aprendido a soslayar.

Ello está empezando a cambiar. Los consumidores y los grandes minoristas, conscientes de los efectos negativos de los abusos perpetrados en las cadenas de suministro, exigen ahora más transparencia. Lo mismo sucede con los gobiernos, que promulgan nuevas leyes por las que se exige una mayor responsabilización de las empresas multinacionales que comercializan pescado y mariscos.

Si bien estas tendencias positivas son alentadoras, aún queda mucho por hacer. Hoy quiero centrarme en un reto fundamental que, a mi parecer, será el próximo tema candente en el ámbito de las cadenas de suministro: la movilización del sector privado para velar por que se haga justicia a los migrantes agraviados y por que estos reciban la reparación que se merecen.

Más allá del fortalecimiento de su diligencia debida, las empresas pueden y deben responsabilizarse por los daños perpetrados contra sus trabajadores, y velar por que se tomen todas las medidas del caso para ayudar a las víctimas de la trata en su recuperación, trabajando estrechamente con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las propias víctimas. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas. Al estrechar los vínculos entre los sectores privado y público en el marco de los esfuerzos por ayudar a las víctimas de la trata, juntos podremos desempeñar la noble labor de reconstruir vidas rotas.

A principios de este año, la OIM –el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración– estableció un conjunto de directrices prácticas para que las empresas hagan frente a este desafío. En consonancia con el Marco de las Naciones Unidas para "Proteger, Respetar y Remediar", las Directrices de la OIM para la reparación describen las numerosas opciones que tienen las empresas para ofrecer reparación a las víctimas de la explotación, en colaboración con agentes locales estatales y no estatales.

Dichas opciones comprenden la facilitación del acceso a los servicios y los sistemas de apoyo a las víctimas, como la atención médica o psicosocial; la reubicación de las víctimas en nuevos entornos laborales; la oferta de posibilidades de retorno voluntario a los países de origen; y la prestación de apoyo para la recuperación, la rehabilitación y la reintegración cuando sea posible. Las empresas también deben asegurarse de haber establecido circuitos de retroalimentación para poder mejorar continuamente los mecanismos de denuncia, la protección de los autores de denuncias y la prevención de nuevos daños.

Cada vez son más numerosas las empresas que se unen para hacer frente a los riesgos que encuentran en las cadenas de suministro, pero la reparación de las víctimas de la trata sigue siendo una nueva esfera de trabajo para el sector privado. Por lo tanto, debemos reforzar las medidas orientadas a garantizar que el apoyo brindado a las víctimas de la trata se convierta en un pilar fundamental de nuestra labor.

Las Directrices para la reparación del daño causado a las víctimas de la explotación en las cadenas de suministro de minerales extendidas pueden consultarse aquí (de momento solo en inglés).

 

Por William Lacy Swing, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).


Gobernanza Migratoria: Una estrategia de adaptación al cambio climático

Joki y Bevelyn junto con su hermano discapacitado y sus padres son la única familia que vive en la pequeña isla de Huene. Originalmente vinculada a una isla cercana, la isla se ha ido reduciendo lentamente a lo largo de los años, lo que hace que cada vez sea más difícil cultivar. Es probable que Joki y Bevelyn sean la última generación en vivir en la isla. Fotos: IOM 2016 / Muse Mohammed
Categoria: Migración y Medio Ambiente
Autor: Autor Invitado

 

Si bien la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 señala que las Partes tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas para mitigar los efectos del cambio climático, la cruda verdad es que los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) sufren sus efectos de manera desproporcionada, a pesar de contribuir menos del 1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Los desastres debidos a amenazas naturales, muchos de los cuales se ven agravados por el cambio climático y que están aumentando en frecuencia e intensidad, ha tenido como consecuencia un elevado costo humano y económico para el Caribe. En 2017, solo la temporada de huracanes en el Atlántico desplazó a más de 3 millones de personas en un mes.

El informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicado recientemente, proyecta que a 1,5° C, los PEID enfrentarán un aumento en los incidentes de migración interna y desplazamiento, tensión por agua dulce y aún más preocupante: aumento de la aridez, inundaciones costeras y oleadas que incluso podría dejar a varias islas atolón o coralinas inhabitables. Al respecto, el Dr. Douglas Slater, Secretario General Adjunto de la Secretaría de CARICOM, comentó

 "Nosotros [Caricom] tenemos que seguir alzando nuestras pequeñas pero poderosas voces, porque el cambio climático es existencial para nosotros".

Los Estados del Caribe han lanzado una variedad ejemplar de medidas de adaptación, como sistemas de alerta temprana, seguros de protección, obras de infraestructura resilientes, como en el caso de Dominica. No obstante, resulta clave abordar los vínculos entre el cambio climático, la vulnerabilidad, los desplazamientos y el aumento de los riesgos potenciales que enfrentan los PEID para garantizar que la migración inducida por el ambiente no se equipare a crisis, sino a adaptación.

En esta línea, los esfuerzos en materia de gobernanza de la migración es una estrategia efectiva capaz de enfrentar los efectos del cambio climático al:

Integrar la movilidad humana en la gestión del riesgo de desastres, planes y políticas nacionales de adaptación para minimizar la migración forzada y el desplazamiento. Por ejemplo, el Informe global sobre desplazamiento interno de 2018 señala que antes y durante el huracán Irma, 1,7 millones de personas fueron evacuadas en Cuba, como parte de la respuesta a desastres que ha elaborado este país centrada en la movilización y preparación de la comunidad. Esta estrategia de adaptación demuestra que el desplazamiento no siempre debe ser un resultado negativo, sino que también puede mejorar en la reducción de desastres. El enfoque de movilidad humana también hace énfasis en la protección de poblaciones vulnerables y el combate a la trata y el tráfico de personas en contextos de amenazas naturales y crisis.  

Promover la cooperación con países vecinos y otros países pertinentes para preparar sistemas de alerta temprana y reservas, planificar medidas de contingencia, evacuaciones, la recepción y los acuerdos de asistencia y la gestión de fronteras para facilitar la migración segura y ordenada, y mejorar la capacidad de respuesta al desplazamiento transfronterizo de desastres, así como el retorno y la reintegración de poblaciones.

Desarrollar acuerdos bilaterales y multilaterales de migración para el involucramiento de migrantes y miembros de la diáspora en oportunidades laborales, para proporcionar recursos financieros y humanos a sus países de origen. El Marco Operativo de Crisis Migratoria de la OIM señala que la diáspora puede estar interesada en participar e incluso dispuesta a regresar para apoyar los procesos de transición y recuperación. El Banco Mundial agrega que la reducción de las tarifas de las transacciones y las remesas representa una oportunidad para aprovechar el potencial de las diásporas en los esfuerzos de cooperación. Un ejemplo de un acuerdo podría ser la definición de esquemas de migración laboral temporal de trabajadores calificados para apoyar en los esfuerzos de reconstrucción poscrisis. Por ejemplo, la respuesta de la OIM en Dominica, después del huracán María, incluyó la capacitación de 71 personas en carpintería básica y el empleo de 36 carpinteros, cuatro de los cuales eran trabajadores migrantes de Trinidad y Tobago.

Fortalecer estrategias subregionales, la cooperación y el desarrollo de las capacidades de todos los países involucrados para promover la resiliencia, el desarrollo sostenible, así como la asistencia humanitaria y la protección de los derechos humanos de las poblaciones afectadas en cualquier lugar de la región.

Delinear estrategias de reubicación planificada como iniciativa de adaptación al aumento del nivel del mar y las inundaciones. Según el Banco Mundial es importante contemplar esta estrategia como una solución a largo plazo e incluso de último recurso, pues la adaptación "en sitio" tiene sus límites, ya que ciertos entornos serán inviables para medios de vida sostenibles y dignos.

Habilitar la migración como una estrategia de adaptación que permita disminuir la vulnerabilidad de los medios de vida de las personas, mediante la creación de incentivos para atraer a las personas hacia lugares y sectores menos sensibles a los efectos del cambio climático. En este sentido, el Banco Mundial sugiere la creación de una economía resiliente y diversificada. Esto incluye la creación de oportunidades laborales alternativas, la capacitación de migrantes potenciales, los esfuerzos de integración (especialmente en áreas urbanas) y la identificación de mercados laborales resistentes al clima.

La migración es un fenómeno complejo que suele tener múltiples factores, pero la migración inducida por el medio ambiente sigue siendo una realidad y se espera que aumente debido a los efectos del cambio climático. Por ello, medidas de gobernanza como las que hemos mencionado, referentes a la movilidad humana, los derechos de los migrantes y potenciales migrantes, deben contemplarse como parte de estrategias integrales de adaptación. Eso es especialmente necesario cuando los Estados, particularmente de la región del Caribe, exigen que las acciones para combatir el cambio climático sean más ambiciosas, efectivas e inmediatas. 

 

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